Los primeros años del siglo XIX en Charcas estuvieron caracterizados por una crítica depresión económica la que, en 1809, se sumó una profunda crisis política derivada de la invasión napoleónica y la abdicación forzosa del rey de España. El vacio de poder en la metrópoli no sólo produjo confusión en las colonias sino también agudizó las disputas  y luchas locales de poder existentes desde tiempo atrás.

En la ciudad de La Plata, estas luchas de poder aparecieron poco después de la implantación de las Reformas Borbónicas. La llegada del español García de León y Pizarro a la ciudad en 1797 como nuevo representante del Virrey y presidente de la Audiencia de Charcas, provocó la pronta reacción de los oidores a quienes se les acortaron sus atribuciones, generándose así la aparición de dos grupos distintos que se enfrentaron por el poder. Pero no eran los únicos, la élite charquina salida de la Universidad de San Francisco Xavier también tenía intereses que defender. El momento de confluencia de los tres grupos fueron los sucesos del 25 de mayo de 1809.

Las diferencias y conflictos entre los grupos de poder de Chuquisaca generaron opiniones encontradas en torno a la crisis española de 1808. El presidente de la Audiencia , Ramón García de León y Pizarro y el arzobispo Benito María Moxó y Francolí, defendieron y exigieron la adhesión a la Junta Central de Sevilla, mientras que los oidores de la Audiencia decidieron mantenerse fieles al rey Fernando VII, no reconociendo la autoridad de la Junta por considerarla peligrosa para legitimidad real.

Las rencillas entre autoridades se hicieron manifiestas cuando comenzaron a intervenir en medio de la crisis de criollos sobresalientes de la sociedad charquina. Doctores chuquisaqueños  y miembros del cabildo apoyaron la decisión de los oidores, utilizando la posición conservadora de estos últimos en función de sus intereses. Tras la careta de la lealtad al Rey, iniciaron una rebelión cuyo objetivo era poner fin al dominio español. Para ello formularon un silogismo revolucionario que sostenía que la sumisión y vasallaje d las colonias americanas era directamente con la persona y el Rey y no con España; por tanto, si Fernando VII se encontraba prisionero, los americanos debían cuidar por su seguridad y destino.

El conflicto entre los diferentes grupos se agudizó con la llegada del delegado de la Junta de Sevilla, José Manuel Goyeneche. En su encuentro con los miembros de la Audiencia, Goyeneche no sólo presentó las credenciales que le había dado la Junta, sino que mostró también cartas de la princesa Carlota Joaquina, en las que ésta se declaraba heredera de los Borbones. La situación favoreció la difusión de los rumores que acusaban  a Pizarro, Moxó y Goyeneche de apoyar la corriente “carlotista”, que pretendía entregar las provincias de los virreinatos del Perú y del Rio de la Plata a Portugal. Con ello, el grupo rebelde logró el apoyo del Cabildo y de importantes sectores sociales de Charcas.

El presidente de la Audiencia, García de León y Pizarro, alarmado por la situación de rebeldía de algunos oidores y miembros del Cabildo, ordenó la detención de varios de ellos. El apresamiento de Jaime Zudáñez, el 25 de mayo de 1809, encendió el ánimo de la población, que exigió y consiguió su inmediata libertad. La debilidad de la autoridad, demostrada con la liberación de Zudáñez, fue aprovechada por los revolucionarios quienes, encabezados por Mariano Michel, Bernardo Monteagudo y los hermanos Zudáñez, salieron a las calles convocando a los vecinos de la ciudad. El presidente de la Audiencia fue tomado prisionero y el obispo se vio obligado a renunciar; los oidores asumieron el gobierno en nombre  de Fernando VII. Dominado por los radicales, el nuevo gobierno designó Comandante de Armas al español Antonio Álvarez de Arenales y envió delegados a distintos puntos del Alto Perú, con el fin de propagar la rebelión. El radical Mariano Michel fue enviado a La Paz, donde sostuvo reuniones con el cura de Sicasica, José Antonio de Medina, partidario de las ideas revolucionarias.

El movimiento rebelde en Charcas duró siete meses, hasta el ingreso de tropas de Vicente Nieto, nuevo presidente de la Audiencia. Enviado desde Buenos Aires, Nieto ordenó la detención y destierro de los principales rebeldes, apagando con ello el primer intento de independencia en el territorio de Charcas.

 LA REVOLUCIÓN PACEÑA DE 1809

Las noticias de los sucesos de Chuquisaca traídas por Mariano Michel, la difusión de las ideas independentistas del cura Medina y la existencia de un grupo radical que venía gestando una acción revolucionaria desde tiempo atrás en la ciudad de La Paz, fueron algunos de los factores  inmediatos que desataron la rebelión de Julio.

Aprovechando la procesión de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio de de 1809, los revolucionarios paceños hicieron estallar la rebelión al grito de “viva el Rey, muera el mal gobierno” luego de hacer prisionero al gobernador Tadeo Dávila (criollo moqueguano, que se había ganado la antipatía del pueblo por su relación personal y comercial estrecha con el intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz, el enemigo más acérrimo de la revolución) y hacer renunciar al obispo Remigio la Santa y Ortega (considerado glotón y libertino, dueño de una chacarilla en una región donde realizaba costosas y opíparas fiestas). Además, se acusaba a ambos de estar al servicio de Carlota de Portugal, esposa del Príncipe Regente de esa nación, refugiado en Rio de Janeiro, y la vez hermana de Fernando VII, cautivo de los franceses. Con apoyo de del virrey y de los criollos de Buenos Aires, Carlota reclamaba para sí la Regencia del Rio de La Plata, mientras duraba el cautiverio de su hermano de quien se sentía legítima subrogante. Sin pérdida de tiempo se dedicó a enviar emisarios personales para hacer conocer sus pretensiones a los más altos funcionarios españoles de esta parte de América, y a ese efecto también escribió cartas, proclamas y pliegos donde alegaba sus derechos.

 Al caer la noche de ese 16 de Julio, la poblada toma el cuartel donde se alojaba la milicia local y se apodera de todas las armas de fuego. Los insurgentes principales ostentaban nombres pintorescos que pronto cobrarían inusitada fama, como el Pichitanga, el Mazorca y el Challatejeta, cuya misión estuvo facilitada por el propio comandante de las milicias, el Coronel Pedro de Indaburo, español que estuvo entre los complotados.

Los instigadores intelectuales del golpe eran Manuel Mercado y Mariano Michel, enviados por los criollos rebeldes de la ciudad de La Plata que dos meses antes se había insurreccionado. A ellos se plegó José Antonio de Medina, cura de Sicasica, uno de los cerebros más lúcidos de la emancipación americana.

El cabildo, esa vieja institución peninsular germen de la democracia, abrió sus puertas, permitiendo que la multitud tomara las decisiones y fue ella quien confió el mando militar de la plaza a Pedro Domingo Murillo, un mestizo paceño, de oficio minero y escribano, conocido ya como conspirador. Como subjefe fue designado Indaburo, y a los pocos días ya se habían organizado dos compañías de caballería de a 50 hombres, cada una de ellas compuesta de españoles, criollos y soldados negros. Su divisa era “por la religión, la patria y el rey, morir o vencer”. Esta fuerza militar fue creciendo rápidamente y se estima que llegó a 10 compañías de infantería y caballería que se constituyeron en un ejército de 1.400 hombres. Uno de sus comandantes era el gallego Gabriel Antonio Castro.

Los insurrectos, respaldados por el “cabildo abierto”, quemaron la lista de los deudores de las cajas reales (de la Real Hacienda), y extrajeron de estas dinero para repartirlo entre el populacho. Desde el cercano pueblo de Huarina se movilizaron cuatrocientos indios aimaras para impedir que el Obispo fugara de la ciudad. Por último el cabildo autorizó la formación de una “Junta Nacional Representativa de Tuición”, más conocida como “Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo”, o abreviadamente, “Junta Tuitiva” cuya presidencia fue confiada a Murillo con el grado de Coronel de milicias. Integraron la Junta, Melchor León de la Barra, José Antonio Medina, Juan Manuel Mercado, Francisco Xavier Iturri Patiño, Gregorio García Lanza, Juan Basilio Catacora, Juan de la Cruz Monje, Buenaventura Bueno, Sebastián Arrieta, Francisco Palacios, José María de los Santos, y Sebastián Aparicio, cuatro de los cuales eran curas. Como secretario, se nombró a Juan Manuel Cáceres.

Los revolucionarios elaboraron un “Plan de Gobierno” también llamado “Estatuto Constitucional” que fue aprobado por el cabildo el 24 de Julio. Contenía 10 artículos entre los que se destaca la prohibición de enviar dinero de las cajas reales paceñas a Buenos Aires; la completa libertad de comercio de La Paz con el Perú y el Rio de la Plata; la destitución de autoridades provinciales nombrando otras en su lugar y el envió de emisarios a todo el trayecto a Buenos Aires y a Lima a fin de explicar los propósitos de la Junta.

Por último, en el Plan de Gobierno se dispuso que un indio noble de cada partido de las seis subdelegaciones de la Intendencia de La Paz, integre “el congreso representativo de los derechos del pueblo”.

La revolución nació ahogada en los confines de la Intendencia paceña, pues no obstante de tener control total del poder, no repercutió fuera de ella. Los personajes enviados a hacerle propaganda fueron recibidos con indiferencia o frialdad y no hubo reacciones alentadoras ni en Oruro, Cochabamba o Santa Cruz. En la ciudad de la Plata, la “Audiencia Gobernadora” que el 25 de mayo había destituido al presidente y el Arzobispo, estaba temerosa de las represalias con que desde Buenos Aires amenazaba el Virrey y poco era lo que podían hacer en apoyo de los paceños.

Poco después se envió a La Plata a un emisario de la Junta Tuitiva, Manuel Victorio García Lanza, hermano de Gregorio. Éste fue bien recibido en los cenáculos revolucionarios que existían en la sede de la Audiencia, pero no así por los Oidores quienes decretaron su prisión y declarándolo “traidor”, lo obligaron a salir discretamente de la ciudad. No obstante, internamente la rebelión cobró fuerza inusitada entre el pueblo, pero ello mismo dio origen a que se volviera anárquica e incontrolable. Su principal característica fue una guerra de rumores de todo tipo sobre nuevos disturbios, saqueos y asesinatos que, sin embargo, no llegaron a realizarse sino hasta después de dos meses, al conocerse que hacia allí marchaba una fuerza represiva al mando del Intendente de Cuzco, el militar arequipeño José Manuel de Goyeneche.

A fin de mantener salva la estructura institucional de la ciudad, los revolucionarios confiaron la autoridad suprema al ayuntamiento el cual tomó el nombre de “cabildo Gobernador”. Pero los miembros principales de éste, Francisco Yanguas Pérez, José Antonio Díez de Medina y José Ramón Loayza, eran contrarios al nuevo orden y sembraron los gérmenes de la división que pronto desembocaría en un trágico y sangriento final. Al lado de este grupo reaccionario, coexistía el de los radicales que estaban dispuestos a todo para llevar adelante los postulados del Plan de Gobierno.

Éstos -que a su vez eran miembros de la Junta Tuitiva- se empeñaron en redactar y difundir proclamas revolucionarias.  Aunque públicamente se presentaban como leales a la monarquía, en privado admitían estar luchando por la independencia total frente a España, y subrepticiamente hacían circular literatura conspiradora en las ciudades de los virreinatos peruano y platense. Además, pedían la destitución de Yanguas, alcalde de primer voto, acusándolo de simpatías hacia los portugueses y complicidad con otros carlotinos como Goyeneche, el Virrey Liniers y el Intendente potosino Francisco de Paula Sanz.

A Goyeneche le fue mal en La Plata a fines de 1808, pues no pudo cumplir el objetivo de su misión, el cual era el reconocimiento de la “Junta Suprema” de Sevilla; desairado por la Audiencia, el cabildo y el gremio universitario, y visto con enorme recelo por el pueblo, camino de Lima estuvo de paso por La Paz, donde seguramente palpó el ambiente subversivo de la ciudad, semejante al que había visto en La Plata. Una vez en la sede virreinal, prevalido de las amistades e influencias que tenía en Sevilla, lograría que el Virrey Abascal le confiara el mando de la Intendencia de Cuzco.

Desde un principio Abascal fue partidario de una línea dura y contrincante con respecto a la Junta Tuitiva. Mientras los criollos y el Regente de la Audiencia se pronunciaban por una negociación, el virrey decidió la guerra inmediata. Fue así que con asentimiento  de Abascal, y mediante una mera notificación al virrey de Buenos Aires, Goyeneche decidió marchar a La Paz al frente de un ejército para sofocar la insurrección. Era el mes de octubre y nada importante había ocurrido en La Paz desde el 16 de julio. Los revolucionarios eran victima de sus querellas internas y sólo en eso habían desgastado sus energías.

Murillo se da cuenta de lo insostenible de la situación y empieza a tomar actitudes conciliatorias. En Buenos Aires se había posesionado el nuevo Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y en España se había formado una nueva junta con el nombre de “Central”. Murillo conocedor de esta situación, escribe a Cisneros, diciéndole que lo ocurrido el 16 de julio fue producto de una “confusión notabilísima”. Le aclara que la junta presidida por él, posee una lealtad intachable al Rey y a la Junta Central. Murillo decidió apelar a Sanz, otro de los acérrimos enemigos del levantamiento paceño, poniendo a disposición suya las tropas de su mando. Como medida conciliatoria adicional (y que era equivalente a una redición), Murillo en su calidad de Presidente de la Junta, el 30 de septiembre anuncia al cabildo la disolución de ella “por unánime consentimiento de los individuos que la componían”. El cabildo, por su parte, la admite con prevención de que en tiempo alguno ni pueda formarse bajo cualquier pretexto. La Junta había tenido escasos dos meses y medio de vida pero, en ese lapso se emprendieron acciones de trascendencia que darán su fisonomía a la revolución.

La Santa respondió con las armas a todo gesto de simpatía; Sanz tampoco tomó en cuenta el dócil e inusitado ofrecimiento de Murillo y Goyeneche inició su marcha desde Cuzco al mando de 5.000 hombres, la mayoría de ellos puestos a disposición suya por el cabildo de Arequipa. En La Paz cundía la alarma y el desasosiego en medio de una guerra de rumores. Victorio García Lanza, tal vez el elemento más radical de la revolución de Julio, recogió el guante arrojado por La Santa, declarándose “Comandante General del Partido de Yungas”.

Murillo empezó la lucha con ímpetu y mucha convicción. Sus antecedentes personales como decidido defensor de La Paz y hombre de ideas avanzadas, unidos a sus condiciones de letrado y pendolista, hicieron de él la persona ideal para encabezar el nuevo movimiento revolucionario. En su calidad de comandante militar, publicó manifiestos, difundió proclamas patrióticas e impartió órdenes para mantener control de la situación. Cuando circuló el rumor de que renunciaría a la jefatura de la Junta, el 11 de septiembre, Murillo lanzó un vehemente manifiesto dirigido a los “valerosos soldados, paisanos amables y fuertes defensores de la patria”, negando tal posibilidad. Sin embargo, pocos días después, la situación daría un vuelco dramático que paralizaría el ímpetu bélico y patriótico de Murillo. Sintiendo que ya todo estaba perdido escribe tres cartas a Goyeneche en las que indica que pone a su disposición la fuerza de la ciudad y provincia que se hallan en sus manos, y que continuara al mando de éstas manteniendo la tranquilidad y sosiego.

La actitud de Murillo causó gran desconcierto entre sus compañeros de aventura, dando origen a una gravísima ruptura cuyos gérmenes se perciben desde el instante mismo en que comienza la lucha. La composición social diferente (desde peninsulares hasta indígenas, pasando por mestizos y criollos), los intereses económicos y políticos que estaban en juego y la diversa estructura mental delos hombres que integraban tanto el cabildo como la junta, empezaron a manifestarse. Eso condujo a que, alentados por la fuerza que venía de Cuzco y de Arequipa, los adversarios de Murillo desconocieran su autoridad y lo redujeran a prisión.

En confusos incidentes que comienzan la primera semana de octubre, los revolucionarios deciden declarar la guerra a la Intendencia de Puno, bajo la acusación de que una avanzada de las fuerzas de Goyeneche había invadido una provincia ajena, ocupando el Santuario de Copacabana en la península del mismo nombre, sobre el lago Titicaca, violando así la integridad territorial de la intendencia paceña. A los amagos de guerra entre La Paz y Puno, se sumó la violenta ruptura entre los propios revolucionarios a raíz del rechazo de Medina Y Castro a las proposiciones de Goyeneche. En esas circunstancias, una incontrolable poblada expresa su repudio a Yanguas quien es hecho prisionero junto a otros españoles. Estos son liberados por Indaburo, caudillo de una contrarebelión que se había apoderado de las calles de La Paz a raíz de la cual Murillo también cae preso, mientras que Pedro Rodríguez, un español del grupo radical, es ejecutado. Por su lado Castro arremete contra Indaburo quien es victimado poco después. Posteriormente, se produce un desenfreno de violencia y saqueo a casas y tiendas de españoles a quienes la turba arrebata alhajas, oro, plata y efectos de Castilla.

El 9 de octubre, Yanguas a nombre del cabildo, se reúne en La Paz con los delegados de Goyeneche; se acuerda volver al estado de cosas anterior al levantamiento y a la vez se ordena a Victorio García Lanza que deponga las armas y se presente en el término de tres días. Se firmó un “tratado” que parecía asegurar una rendición pacífica pues se estipulaba que todos se retirarían a sus casas “a vivir en paz”.

Pero era ya muy tarde para transitar las vías pacíficas, y lo acordado en el cabildo no reflejaba el ánimo de los miembros de la junta, menos aún el de Goyeneche. Este intima rendición al rebelde Castro quien responde en tono desafiante y se apertrecha en Chacaltaya. Por su parte Murillo, que continuaba prisionero de Castro, logra fugar y escribe a Goyeneche en dos oportunidades pidiendo clemencia, recalcando su inocencia. Goyeneche no creyó una palabra del lenguaje plañidero de Murillo, y sospechaba que todo era una ingeniosa treta para salvar la vida, y más tarde continuar la rebelión. En términos secos y cortantes, le responde con un ultimátum, presentarse personalmente a la mayor brevedad; estas cartas que escribió Murillo, en las comunidades aimaras de Anacirca y Cañaviri (en el valle de Zongo), sólo sirvieron para revelar su paradero. Goyeneche envió la respuesta con un capitán Gonzales, con órdenes de capturar al insurrecto, quien delatado por uno de sus ayudantes, es llevado prisionero a La Paz. En Pampajasi, también cae Mariano Graneros, “el Challatejeta”, aquel comerciante y dueño de un billar donde se preparó la revolución. En lal redada también cayeron el cura de la Barra, Catacora y Titoatuchi, que se encontraba en Chucuito.

Por su parte, Victorio García Lanza, desvinculado totalmente de los caudillos de la revolución paceña, e ignorante de los que ocurría en esos días, se dedicó a presentar combate a La Santa. Pero la excomunión que éste le dictó, había hecho menoscabo en las masas indígenas yungueñas quienes se pusieron en contra suya y le infringieron una virtual derrota. Este se hizo más contundente con la intervención de Domingo Tristán, enviado por Goyeneche a reprimir el levantamiento de Yungas, y así Lanza, fugitivo después de ser vencido en Irupana, encontraría la muerte junto al empecinado Castro, a los pocos días, en el pasaje de Mosetenes.

El grupo de Chacaltaya fue fácilmente desbandado, y hasta fines de noviembre, ya estaban prisioneros Murillo y todos sus compañeros de aventura. Goyeneche lanzó un manifiesto arrogante y triunfalista a la ciudad que acababa de someter.

A un juicio sumario que duró seis días, siguió la condena a muerte a catorce revolucionarios (de los cuales nueve fueron ejecutados), a quienes hoy se venera y recuerda como a “los protomártires”. Un centenar de otros implicados, sufrieron la pena de destierro en lugares tan remotos del reino español como las islas Malvinas y la Filipinas. A Medina se le perdonó la vida por su condición de sacerdote. Los “acaudalados y pudientes” se habían impuesto sobre el pueblo que quedó a la espera de una nueva oportunidad.

Los reos por lo general, mantuvieron la compostura, y sostuvieron con hidalguía las ideas y principios que los habían guiado para tomar parte en la revolución. Puntualizaron reiteradamente que en todo tiempo ellos se encargaron de apaciguar los ánimos evitando desbordes populares, lo que ocasionó un mínimo de violencia. En sus declaraciones durante el juicio, Gregorio García Lanza hizo notar “los muchos esfuerzos y activas diligencias que en el partido de Yungas practicó para que su hermano D. Victorio se convirtiera al verdadero estado de razón”. Pero viéndose perdido, imploró clemencia en el más patético de los tonos clemencia y compasión al General.

Los ejecutados en la ahorca fueron: Murillo, Lanza, Catacora, Bueno, Sagárnaga, Jiménez (el Pichitanga), Graneros (el Challatejeta), Figueroa y Jaen. En la sentencia condenatoria se consignaron los detalles el suplicio:

Los reos serán conducidos arrastrados a la cola de una bestia de albarda, y suspendidos por manos del verdugo hasta que naturalmente hayan perdido la vida. Después de las seis horas de ejecución, se les cortarán las cabezas a Murillo  y a Jaén y se colocarán en sus respectivas escarpias, la primera en la entrada del Alto de Potosí, y la segunda en el pueblo de Coroico.

Terminaba así una aventura revolucionaria de pocos meses, cuya importancia no radica ciertamente en el tiempo en que sus protagonistas ejercieron el poder en medio de sobresaltos, sino en las lecciones que dejaron a la posterioridad sobre los fundamentos para regir la sociedad boliviana, basados en el análisis de su peculiaridad geográfica y económica, de su formación social y del tipo de interrelaciones que debían mantenerse con las cabeceras virreinales, conocidas en el lenguaje de hoy día como “Comunidad Andina” y “Mercosur”.  

Texto elaborado en base a las obras de:

• ROCA, José Luis
  “1809 La Revolución de la Audiencia de Charcas en Chuquisaca y en La Paz”
• VALENCIA VEGA, Alipio
  “Radiografía de la Revolución Paceña”
• SANTILLANA
  “Historia”