Una vez puesta en marcha la Participación Popular, los Gobiernos Municipales se constituyeron en las unidades básicas de Planificación, Administración y Gestión y, por tanto, pasaron a ser el principal espacio de relacionamiento entre el Estado, la Administración Pública y el ciudadano.

Sin embargo, en la última década, la corrupción se ha constituido en uno de los principales obstáculos que perjudican el desarrollo de éste proceso de municipalización.

En el caso del Municipio de La Paz, los procesos judiciales tramitados y ejecutados contra cuatro ex Alcaldes y Alcaldesas por el manejo dispendioso y delictivo de los recursos públicos municipales, son una muestra del grado al que llegó  la práctica de la corrupción en el Gobierno Municipal, trayendo como consecuencias directas el desmantelamiento de la estructura administrativa y técnica de la Municipalidad y la pérdida de credibilidad y confianza de la comunidad en sus autoridades municipales.

A partir de la gestión edilicia iniciada el año 2000, el Gobierno Municipal de La Paz, ha desarrollado de manera sistemática una serie de acciones institucionales respondiendo a las directrices señaladas en el lineamiento estratégico “Municipio Solvente, Descentralizado, Transparente, Participativo y Libre  de Corrupción”, establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2000-2005.

En esta nueva gestión, 2005 – 2009, dicho compromiso de lucha contra la corrupción se mantiene y está siendo reforzado, de acuerdo a los compromisos realizados por el Alcalde Juan Del Granado durante la campaña electoral pasada.

La lucha contra la corrupción, como parte del fortalecimiento institucional, es un proceso continuo y sostenido, en el cual se deben desarrollar mecanismos fluidos de información y perfeccionamiento de los servicios para transparentar los mecanismos institucionales y ampliar la participación ciudadana.

La implantación de estos procesos y mecanismos a nivel institucional exige dos requisitos indispensables: voluntad política efectiva de encarar la problemática y ejemplo, desde los máximos niveles de decisión política institucional hasta los rangos jerárquicos inferiores.

Por otra parte, aunque la corrupción involucra principalmente al sector público, dicho fenómeno no es de su exclusiva responsabilidad, por lo que su prevención y combate no puede reducirse únicamente a acciones dirigidas hacia el gobierno. La sociedad civil y el sector privado también gravitan, con diversas actitudes, alrededor del problema de la corrupción gubernamental y, por lo tanto, son parte insoslayable de las soluciones para prevenirla y desarticularla.